SAN LORENZO: ¿QUE PASARÁ FINALMENTE CON VICENTIN?

Bunge, Molinos Agro y LDC trabajan en ofertas de rescate, mientras que el grupo Grassi presentó una propuesta anticipada con apoyo de Cargill. 

El proceso de “cram down” –última instancia para evitar la quiebra de Vicentin SAIC– avanza con el interés de varias compañías competidoras que buscan quedarse con la agroexportadora.

A fines de agosto, Bunge por un lado, y Molinos Agro junto a LDC por otro, solicitaron al juez concursal Fabián Lorenzini información adicional para poder diseñar sus propuestas de rescate.

En paralelo, el grupo Grassi (Commodities SA) presentó una iniciativa anticipada que incluye un aporte de entre 12 y 13 millones de dólares para sostener la operación de las plantas industriales durante la parada técnica prevista para este año. Según el escrito, el desembolso “devengará con una tasa de interés a consensuar con la intervención, acorde a la moneda y al mercado, y deberá ser restituido por el adjudicatario del cram down dentro de los 15 días posteriores a la homologación del acuerdo preventivo”.

La propuesta también establece que, mientras dure el proceso, ningún otro interesado podrá realizar contratos de fasón en las plantas fabriles. Para respaldar la operación, el grupo Grassi inició conversaciones con Cargill, con el objetivo de sumar capacidad financiera y experiencia en la gestión de la molienda de soja.

No obstante, los síndicos del concurso recomendaron al juez no aceptar de inmediato la propuesta de Grassi y aguardar la presentación formal de las ofertas de rescate, de modo que puedan competir en igualdad de condiciones.

El escenario tiene además otro factor: en diciembre pasado, CIMA Investments S.A., de Esteban Antonio Nofal, adquirió acreencias concursales de bancos internacionales por 447,1 millones de dólares. CIMA mantiene vínculos con Commodities S.A., lo que aumenta las chances del grupo Grassi de reunir la mayoría por capital.

El desafío para cualquier oferente será convencer a los 2.638 acreedores de la empresa, en particular a los pequeños y medianos productores, necesarios para alcanzar la mayoría numérica. Según el procedimiento, las compañías habilitadas deberán presentar sus propuestas en un plazo de 30 días corridos. El juez fijará previamente el valor de las acciones representativas del capital social.

Los acreedores podrán dar conformidad a más de una oferta, pero la ganadora será la que primero logre las mayorías exigidas: la mitad más uno de los acreedores y dos tercios del capital concursal.