FRAUDE EN EXÁMENES DE RESIDENCIAS MÉDICAS: EL GOBIERNO DENUNCIÓ PENALMENTE A LOS IMPLICADOS
- Publicado, miércoles, 06 de agosto de 2025 --
- 1631 vistas
La medida apunta contra 141 aspirantes que, según la investigación inicial, habrían utilizado tecnología para copiarse durante la evaluación y obtener ventajas indebidas.
La alerta surgió cuando se registraron resultados inusualmente altos en varios postulantes, muchos de ellos provenientes de universidades extranjeras. En algunos casos, aspirantes que previamente habían obtenido calificaciones promedio de 60 o 70 puntos pasaron a superar los 90.
La situación se agravó cuando se viralizó un video en el que se observaba a un participante utilizando anteojos con cámara oculta y auriculares, lo que permitía transmitir las preguntas hacia el exterior y recibir las respuestas a través de grupos de mensajería pagos, principalmente en Telegram y WhatsApp.
El Ministerio de Salud confirmó que los 141 implicados fueron notificados y que, mientras avanza la investigación judicial, deberán rendir un nuevo examen presencial, escrito y sin dispositivos electrónicos, el próximo 7 de agosto. Para garantizar la transparencia, se dispuso que esta evaluación constará de 100 preguntas de opción múltiple y contará con estrictos controles.
Además, se estableció que si la nueva nota no supera en más de un 10% la calificación anterior, se conservará el puntaje original; en cambio, si la diferencia es mayor, prevalecerá la nueva nota.
El ministro de Salud, Mario Lugones, aseguró que la denuncia penal busca “defender el mérito y proteger la calidad del sistema sanitario”, al advertir que permitir el ingreso de profesionales que accedieron de manera fraudulenta “pone en riesgo la vida de los pacientes”. En la misma línea, el vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo: “No vamos a permitir que se acceda a cargos médicos de manera fraudulenta. El que las hace, las paga”.
Mientras tanto, la Justicia avanza en la recolección de pruebas, que incluye peritajes sobre dispositivos electrónicos, rastreo de direcciones IP y requerimientos a empresas de telefonía y redes sociales. La investigación busca determinar la responsabilidad penal de los aspirantes y de eventuales cómplices que participaron en la organización del fraude.
