LA JUSTICIA ORDENÓ LA INTERVENCIÓN DE VICENTIN SAIC POR 120 DÍAS

El fallo destaca irregularidades recientes en la gestión, como la utilización de fondos de la empresa para afrontar gastos de defensa legal de los directivos investigados por delitos como estafa.

El juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, dispuso la intervención del órgano de administración de Vicentin SAIC por un plazo de 120 días hábiles judiciales, en el marco del concurso preventivo de acreedores que atraviesa la empresa santafesina. La decisión se basa en el agravamiento de la crisis financiera y operativa que amenaza la continuidad de las plantas industriales y los puestos de trabajo.

En su resolución, el magistrado nombró como interventores societarios al contador Andrés Shocrón y al abogado Guillermo Nudemberg, y suspendió de manera provisoria —y sin percepción de haberes— al actual Directorio de la firma, algunos de cuyos integrantes se encuentran detenidos. La intervención es prorrogable y tiene como finalidad evitar la quiebra y preservar el valor económico y productivo de la compañía.

El fallo destaca irregularidades recientes en la gestión, como la utilización de fondos de la empresa para afrontar gastos de defensa legal de los directivos investigados por delitos como estafa. Para el juez, estas maniobras justifican la intervención como medida para “prevenir el daño en curso” y evitar una “aniquilación total de la actividad productiva”.

Entre los objetivos trazados, Lorenzini señala la necesidad de reorganizar la empresa, proteger el empleo, y facilitar nuevas negociaciones y contratos que garanticen la continuidad operativa. También remarca la importancia de un diálogo inmediato con proveedores y acreedores para reestructurar las obligaciones impagas.

Alcance de la intervención

La medida alcanza cuatro áreas fundamentales:

Administración y disposición de todos los bienes y recursos de la sociedad, tanto en el país como en el extranjero.

Gestión contractual, con posibilidad de negociar, celebrar o rescindir acuerdos que impliquen ingresos o egresos económicos.

Preservación de activos, mediante medidas urgentes hasta la aprobación del plan de intervención definitivo.

Reorganización administrativa y productiva, adaptada a las necesidades actuales de la empresa y sus unidades de negocio.

Además, el fallo ordena garantizar la provisión ininterrumpida de servicios esenciales para la operación de las plantas fabriles, incluyendo electricidad, gas, transporte, seguridad, telefonía, informática y seguros.

 Lorenzini sostuvo que “la justicia concursal no gerencia empresas, pero actúa para facilitar soluciones” y subrayó la necesidad de articular acciones inmediatas para preservar una compañía que considera económicamente viable, aunque inmersa en una profunda crisis.