SOMOS REHENES DE LAS CORPORACIONES

EDITORIAL DE CARLOS BAVA

En 1975 aparece por primera vez el término Lawfare; lo instala en la escena nacional Cristina Fernández de Kirchner y su utilización se potencia en esta "batalla judicial" que llegó para quedarse con causas y escándalos de corrupción que involucran al gobierno del Frente de Todos, en sus 12 años, y a Cambiemos con Mauricio Macri y varios de sus funcionarios en gestión.   

Los humanitaristas australianos John Carlson y Neville Thomas Yeomans argumentaron hace 46 años, "el sistema jurídico occidental se convirtió en demasiado polémico y utilitario, en comparación con el más humanitario basado en las normas del sistema oriental". Acá aparece el término Lawfare o “guerra jurídica", que proviene de la combinación de las palabras del idioma inglés law (ley) y warfare (guerra). 

En una simple lectura los argentinos de a pie podemos interpretar al Lawfare como la falta de independencia del poder judicial y cierta interferencia entre los tres poderes del estado y el cuarto poder. "Lo mediático pesa", me dijo un ex concejal que entró en desgracia hace unos cuantos años. Son esas noticias sembradas en la opinión pública las que perduran y dividen.  

La semana pasada en Santa Fe la Cámara de Diputados y Diputadas dio media sanción a la "Ley Anticorrupción". Hablé con su impulsora, la legisladora Lionella Cattalini, cuya propuesta busca crear una Agencia Pública de Transparencia. Es positiva la idea, pero me queda un sinsabor por los procesados que hoy andan dando vueltas por la región, la provincia o el país.  

Tanto ex presidentes comunales como miembros del poder ejecutivo nacional, que hoy forman parte de la clase política cargan causas sobre sus espaldas por hacer desastres en la administración que presidieron o en los cargos que ocuparon. Lamentablemente, este proyecto de ley no contempla a quienes actualmente están atravesando un procesamiento. La justicia lenta nunca llega por inoperancia, complicidad o mera incapacidad para dar respuestas.  

Entonces, por guerra judicial o lawfare podemos pensar en jueces y fiscales militantes de un espacio partidario, en periodistas militantes que están más cerca de prestar un servicio de relaciones públicas a un hombre o mujer que pretende poder o en legisladores levanta manos a la orden del ejecutivo para dar o no quorum dependiendo del interés político o económico en cuestión.  

Ya todo es turbio y desdibujado, una verdad enmascarada y bien contada es la que prospera y se instala en el pensamiento colectivo. Dejó de existir la división de poderes y triunfan las corporaciones que concentran cada vez más poder. El gran negocio es ser lobista e ir saltando de oferta en oferta. Los malos de hoy es probable que sean los buenos de mañana, y viceversa.  

Pero algo debe quedar claro: en una guerra peleamos todos y hasta la figura de mayor jerarquía no tiene el final asegurado, con el ejército abatido hasta la cabeza de un general puede terminar en el medio de la plaza. Pero acá si se hace mucho ruido a lo sumo irá preso algún perejil. 

Si verdaderamente queremos inhabilitar a los que hicieron las cosas mal deberíamos crear un tribunal de ética para suspender o mandar a la casa a los inoperantes o corruptos. Mientras tanto proliferan los carpetazos y seguimos estando a merced de bandas que perpetúan el atraso y nos postergan como país.