La Justicia sobreseyó por inimputable al estudiante que mató a a su compañero en San Cristóbal

El Juzgado de Menores dispuso el sobreseimiento definitivo del estudiante que mató a tiros a un compañero de clases en la localidad de San Cristóbal. La resolución judicial confirmó la inimputabilidad del agresor al momento de cometer el hecho debido a su edad, amparándose en el Régimen Penal de la Minoridad vigente. Con este fallo, el magistrado resolvió extinguir la acción penal y decretar el cierre formal de la causa, dejando sin efecto cualquier tipo de procesamiento o imputación en el fuero penal ordinario.

El trágico episodio ocurrió durante la jornada escolar, cuando ambos alumnos se encontraban en las inmediaciones del establecimiento educativo. De acuerdo con las reconstrucciones periciales e investigaciones incorporadas al expediente, el joven extrajo un arma de fuego de entre sus pertenencias y efectuó disparos a corta distancia contra la víctima, provocándole heridas de extrema gravedad que le causaron la muerte de manera casi instantánea. El ataque generó una profunda conmoción en la comunidad y movilizó de inmediato a personal policial, servicios de emergencia y autoridades judiciales.

Para dictar el sobreseimiento, el juzgado fundamentó su decisión en los informes interdisciplinarios elevados por peritos psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses, sumado al estricto cumplimiento del marco legal que impide la punibilidad de menores de 16 años. Las evaluaciones determinaron que, por su condición etaria y la normativa vigente, no resulta legalmente factible la imposición de una pena privativa de la libertad, lo que obligó al tribunal a decretar la desvinculación penal directa del imputado.

Sin embargo, el fallo no implica el cese del control estatal sobre el joven. La resolución dispuso un esquema obligatorio de medidas tutelares y de protección integral, encomendando a los organismos de niñez y salud mental un seguimiento continuo. El plan contempla abordaje psicológico y psiquiátrico obligatorio, acompañamiento familiar y controles periódicos de asistencia social. Mientras tanto, allegados a la víctima expresaron su dolor e impotencia ante la falta de una sanción penal, al tiempo que la comunidad educativa renovó el pedido de protocolos estrictos para prevenir el ingreso de armas en los colegios.