Avanza en Santa Fe la ley que restringe el acceso a canchas, casinos y candidaturas a deudores alimentarios

La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe dio media sanción a un proyecto de ley que establece severas limitaciones para quienes incumplan con el pago de la cuota alimentaria. La iniciativa, que ahora deberá ser tratada por el Senado para su aprobación definitiva, busca sancionar a los morosos mediante la prohibición de ingreso a estadios de fútbol de la primera división y a salas de juego, abarcando tanto casinos físicos como plataformas virtuales de apuestas. Además, el texto impone una fuerte restricción en el ámbito político, ya que quienes registren deudas no podrán postularse para cargos electivos a nivel municipal ni provincial.

El proyecto plantea una reestructuración en el control de estas obligaciones a través de la creación de un nuevo registro que pasará a depender del Poder Ejecutivo provincial. Todas las personas que tengan una cuota fijada por la Justicia ingresarán al sistema de manera automática, pero las medidas restrictivas solo se activarán ante la falta de pago y según el nivel de incumplimiento.

Quienes adeuden dos cuotas en el lapso de un año serán considerados morosos, mientras que aquellos que acumulen seis meses de impago entrarán en la categoría de morosidad agravada. Para este último grupo, las sanciones se endurecen e incluyen la imposibilidad de tramitar la licencia de conducir y la inhibición general de sus bienes de forma automática.

Para garantizar la efectividad de las disposiciones, la normativa prevé que el padrón sea de acceso público, gratuito y de consulta digital. Esto obligará tanto al sector privado como a los organismos del Estado a verificar el sistema antes de concretar contrataciones laborales, designaciones o determinados trámites administrativos, bloqueando también el acceso a beneficios tributarios.

En cuanto a las prohibiciones de ingreso a espectáculos deportivos y casas de apuestas, su aplicación práctica se implementará de forma progresiva, ya que demandará la firma de acuerdos institucionales y la instalación de tecnología de identificación en los controles de acceso.