La Corte Suprema valida el decreto que elimina los topes a la extranjerización de tierras rurales

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió dejar sin efecto las medidas cautelares que frenaban la derogación de la Ley de Tierras Rurales, al revocar un fallo previo de la Cámara Federal de La Plata.

Con esta decisión, el máximo tribunal no evaluó la constitucionalidad de fondo de la norma, sino que consideró que los demandantes carecían de legitimación procesal para frenar la medida, lo que deja plenamente operativo el artículo del DNU impulsado por el Poder Ejecutivo que elimina la ley original.

Sancionada en su momento para regular el mercado inmobiliario rural, la normativa derogada establecía un tope general del quince por ciento para la titularidad de tierras en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y municipal, además de limitar la adquisición a mil hectáreas por titular en zonas núcleo y prohibir la compra de parcelas que contuvieran o limitaran con grandes espejos de agua o zonas de seguridad fronteriza.

Desde el sector oficial y las cámaras empresarias se sostiene que la desregulación era necesaria para eliminar trabas burocráticas, dinamizar la inversión extranjera directa y otorgar previsibilidad jurídica al mercado agropecuario.

En contrapartida, sectores de la oposición, organizaciones sociales y entidades ambientalistas cuestionan la medida por considerar que debilita los mecanismos de control sobre recursos naturales estratégicos y transfiere el poder de decisión del ámbito legislativo al ejecutivo, reabriendo una discusión profunda sobre el alcance de la soberanía territorial.