Luz verde para la nueva Ley Penal Juvenil: definen los controles y el rol de las provincias

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó la reglamentación de la Ley N.º 27.801 mediante la publicación del Decreto 875/2026 en el Boletín Oficial. La normativa fija el marco operativo para la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en todo el país, regulando aspectos clave sobre la autoridad de aplicación, la supervisión de las medidas cautelares y el trabajo articulado con las provincias para su puesta en marcha.

A partir de esta disposición, el Ministerio de Justicia de la Nación asume el rol de autoridad de aplicación del sistema a nivel federal. La cartera ministerial queda facultada para dictar las pautas complementarias necesarias para regular el funcionamiento de los establecimientos de alojamiento, fijar los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad e impulsar los programas de rehabilitación y formación destinados a los adolescentes alcanzados por la ley.

Uno de los puntos más destacados del decreto es la regulación del perfil de los supervisores encargados del seguimiento de las sanciones no privativas de la libertad y las medidas alternativas. La norma establece que deberán conformarse nóminas con profesionales idóneos en disciplinas como psicología, trabajo social, pedagogía y abordaje de adicciones. Estos especialistas tendrán la tarea de diseñar un plan de intervención individual y controlar periódicamente su cumplimiento por parte del joven.

En cuanto al registro de antecedentes, el texto reglamentario estipula que las resoluciones judiciales firmes serán comunicadas de manera reservada al Registro Nacional de Reincidencia. De esta manera, el sistema judicial contará con un historial unificado sobre los procesos penal juveniles, resguardando la confidencialidad que exigen las normativas internacionales de protección de la infancia.

Finalmente, el decreto establece que cada jurisdicción provincial deberá adecuar sus esquemas procesales e infraestructura local para coordinar la ejecución de las medidas. La norma promueve además la firma de convenios interministeriales entre las áreas de Educación, Salud, Desarrollo Social y Justicia para garantizar la continuidad escolar y el tratamiento integral de adicciones en los casos que corresponda.