Imputaron a un cardiólogo y a un enfermero por una millonaria estafa de $700 millones al PAMI

La Unidad Fiscal Rosario formalizó la imputación contra el cardiólogo M.G.A. y el licenciado en enfermería M.A.P., acusados de perpetrar una millonaria defraudación en perjuicio del PAMI a través de la facturación de miles de prestaciones médicas jamás realizadas. Las maniobras también incluyen cargos por lavado de activos mediante el uso de documentación apócrifa e instrumentos societarios de pantalla.

Según expuso la fiscalía en la audiencia de formalización ante el juez federal Carlos Alberto Vera Barros, la investigación judicial reveló que el profesional imputado cargó en el sistema de la obra social más de 50 mil prácticas cardiológicas —entre ergometrías, ecocardiogramas y estudios Holter— valiéndose de los datos de afiliados de todo el país. Entre octubre de 2023 y octubre de 2024, el organismo abonó cerca de 580 millones de pesos por 36.085 consultas simuladas, mientras que un segundo cobro por casi 148 millones de pesos fue frenado a tiempo tras advertirse inconsistencias.

El engaño quedó al descubierto luego de que numerosos afiliados negaran haberse atendido con dicho médico. A esto se sumó la imposibilidad operativa de concretar el volumen reportado y los registros migratorios que confirmaron que el cardiólogo se encontraba fuera del país durante la supuesta fecha de realización de los estudios. Paralelamente, los fiscales indicaron que en junio de 2024 los sospechosos adquirieron un inmueble utilizando una sociedad comercial sin actividad real, con el fin de blanquear el dinero de origen ilícito.

Se da la particularidad de que ambos profesionales habían sido detenidos en junio pasado en Acebal y Wheelwright. En esa causa paralela, radicada en Venado Tuerto, se les atribuyó el funcionamiento de un consultorio clandestino, el ejercicio ilegal de la medicina y el suministro no autorizado de estupefacientes, tras incautarse ampollas de fentanilo y morfina. El magistrado fijó seis meses para el peritaje de los dispositivos secuestrados, prohibió la salida del país de los imputados y les impuso comparecencias periódicas.