Sin consenso y por el receso, se postergó el debate para prohibir a los cuidacoches en Santa Fe

La Cámara de Senadores enfrió el tratamiento de la ley "antitrapitos" hasta fin de mes. El oficialismo busca unificar criterios entre la prohibición total y el castigo a la extorsión.

El debate por la regulación y prohibición de la actividad de los "trapitos" en la provincia de Santa Fe entró en una inesperada pausa. La Cámara de Senadores decidió postergar el tratamiento del proyecto de ley hasta el próximo 30 de julio, una decisión empujada tanto por el inminente receso invernal y reformas en el recinto, como por la falta de acuerdos políticos de fondo dentro del propio frente oficialista.

La iniciativa, que genera fuertes discusiones en las principales ciudades de la provincia como Rosario y Santa Fe, se encuentra en una encrucijada legislativa tras los cambios introducidos por la Cámara de Diputados.

El principal freno en la Legislatura radica en cómo abordar el problema en la vía pública, dividiendo las aguas en dos posturas claras. Por un lado, el proyecto original del Senado, impulsado por Ciro Seisas, apuesta por la prohibición total de la actividad no autorizada, exponiendo a los infractores a sanciones que van desde trabajos comunitarios hasta arrestos de 10 a 20 días para los reincidentes. Por el otro, la Cámara Baja suavizó las penas al revisar la norma, proponiendo sancionar exclusivamente las conductas extorsivas o amenazas, y delegando en cada municipio la potestad de prohibir o autorizar la actividad a través de registros locales.

A este escenario se suma la presión del Ministerio de Seguridad provincial. Desde la cartera conducida por Pablo Cococcioni exigen una herramienta legal ágil que permita a la Policía retirar a los infractores de la calle mediante el uso de la fuerza pública, evitando que el conflicto se dilate en la burocracia de los tribunales judiciales.

Con el cuarto intermedio asegurado hasta el 30 de julio, las próximas semanas serán fundamentales para las negociaciones a puertas cerradas. El bloque oficialista buscará unificar un texto de consenso que conforme tanto a los legisladores que exigen mano dura como a los sectores que piden diferenciar la vulnerabilidad social de los delitos de extorsión. Por ahora, la calle seguirá rigiéndose bajo las normativas locales vigentes, estirando la expectativa de vecinos y comerciantes que reclaman una solución definitiva.