La Corte Suprema rechazó el recurso del Gobierno y dejó firme la cautelar sobre financiamiento universitario

En una decisión de fuerte impacto político y presupuestario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad el recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional, dejando plenamente firme la medida cautelar que lo obliga a aplicar de manera inmediata el financiamiento para las universidades públicas. La resolución, que lleva las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, representa un duro revés para la estrategia oficial de contención del gasto en el sector educativo.

Con este fallo, el máximo tribunal ratificó la vigencia de los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario, los cuales el Poder Ejecutivo había intentado suspender mediante un decreto de necesidad y urgencia tras la insistencia del Congreso. En la práctica, la decisión judicial obliga al Estado a recomponer de forma urgente los salarios de docentes y nodocentes tomando como base la inflación acumulada medida por el INDEC desde diciembre de 2023, lo que representaría un incremento adicional significativo respecto de las últimas paritarias. Asimismo, exige la actualización inmediata de los programas de asistencia estudiantil y las becas de estudio, cuyos montos acumulaban un fuerte retraso frente a la evolución de los precios.

Desde el punto de vista técnico, la Corte Suprema desestimó el planteo oficial al recordar que las medidas cautelares no constituyen una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. Sin embargo, los magistrados introdujeron un argumento central al evaluar el impacto económico de la disputa, señalando que el ahorro que el Ejecutivo pretendía lograr al congelar estos fondos no resulta significativo para el presupuesto general de la Administración Pública Nacional, desestimando así la postura oficial de que la medida ponía en riesgo el equilibrio fiscal.

El conflicto había escalado a niveles críticos luego de que el Congreso aprobara la ley por insistencia y el Gobierno respondiera con un decreto para frenar su aplicación, argumentando la falta de partidas presupuestarias. Ante este escenario, el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios universitarios acudieron a la Justicia Contencioso Administrativa Federal, obteniendo fallos favorables en primera y segunda instancia que ahora la Corte dejó blindados. Si bien los tribunales inferiores aún deben resolver la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad del decreto presidencial, el Gobierno quedó obligado a transferir los fondos de actualización de manera inmediata mientras continúe el proceso judicial.