Imputaron a un médico y a un enfermero por el suministro ilegal de fentanilo y morfina en Santa Fe

La Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto imputó a un médico y a un enfermero radicados en la localidad de Wheelwright por ejercicio ilegal de la medicina y suministro ilegítimo de estupefacientes. El caso salió a la luz tras un allanamiento en el domicilio particular de los acusados, donde se constató que funcionaba una clínica clandestina sin ningún tipo de habilitación ni condiciones sanitarias adecuadas. A requerimiento del Ministerio Público Fiscal, el juez federal Aurelio Cuello Murúa dictó la prisión preventiva para ambos profesionales por un plazo de 90 días.

Durante la inspección de la vivienda, el personal policial secuestró 243 ampollas de fentanilo ya utilizadas y 50 ampollas de clorhidrato de morfina, además de una gran cantidad de fármacos de exclusivo uso intrahospitalario que habrían sido desviados del canal lícito de comercialización. Las autoridades también incautaron blocks de recetas, talonarios de laboratorio, un desfibrilador, instrumental quirúrgico, insumos médicos y dinero en efectivo. Debido a la gravedad del hallazgo, la fiscalía ordenó medidas urgentes al Ministerio de Salud de la Nación y a laboratorios farmacéuticos para determinar la trazabilidad y procedencia de los potentes analgésicos.

Este operativo fue un desprendimiento de una compleja causa por defraudación millonaria contra el PAMI entre 2023 y 2025. El médico implicado, quien también se desempeñaba en la localidad de Acebal, figuraba en el sistema facturando más de 50.000 estudios y consultas a unos 5.000 afiliados que, en realidad, nunca recibieron dicha atención médica. Muchos de los pacientes afectados incluso residían en otras provincias del país, lo que encendió las alertas de la obra social.

La estafa calculada al organismo de seguridad social ronda los 700 millones de pesos, de los cuales la obra social llegó a abonar efectivamente unos 580 millones. La investigación penal continúa abierta bajo la sospecha de que los imputados abusaron de sus posiciones y de la confianza del Estado para desviar los medicamentos restringidos, por lo que los fiscales no descartan ampliar las imputaciones por delitos tipificados en la ley de estupefacientes a medida que avance el análisis de las pruebas y anotaciones secuestradas.