Amenazas en escuelas: el Gobierno advierte sobre delitos y costos millonarios

El Gobierno de Santa Fe advirtió sobre la gravedad de las amenazas en escuelas y pidió a las familias reforzar el diálogo en los hogares. En una sola jornada se registraron 65 incidencias vinculadas a mensajes intimidatorios, carteles y pintadas que simulan tiroteos. “No son una broma: constituyen un delito”, remarcaron las autoridades provinciales en conferencia de prensa.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que cada operativo de respuesta ante estas amenazas implica un costo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos. Por instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro, se avanzará en acciones judiciales para reclamar el resarcimiento económico a los responsables identificados. Además, se recordó que estas conductas están tipificadas en el Código Penal como intimidación pública, con penas de prisión.

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, convocó a toda la comunidad educativa a asumir un rol activo en la prevención. Se instó a directivos, docentes y estudiantes a abordar el tema en las aulas e incorporarlo como falta gravísima en los acuerdos de convivencia escolar. Goity subrayó que estos episodios, muchas veces vinculados a desafíos virales, alteran el funcionamiento normal de las instituciones y generan angustia en la sociedad.

Las autoridades también destacaron la importancia de construir una alianza entre escuela, familias, sociedad y Estado. En ese sentido, se mencionaron programas y herramientas como la Educación Digital, las rondas de convivencia y los espacios de escucha, orientados a promover un uso responsable de las redes sociales y prevenir conductas de riesgo entre adolescentes.

Finalmente, Cococcioni advirtió que incluso cuando intervienen menores no punibles por edad, las actuaciones dejan antecedentes que pueden afectar su futuro, como la imposibilidad de obtener certificados de buena conducta o restricciones para viajar al exterior. Los adultos responsables, en tanto, pueden enfrentar medidas judiciales y deberán afrontar los costos económicos de los operativos. El Gobierno insistió en que estas amenazas no son un juego, sino delitos con consecuencias legales y sociales.