¿LEY DE GLACIARES EN RIESGO? LA JUSTICIA DEBE DEFINIR QUIÉN PARTICIPA DE LAS AUDIENCIAS

Una disputa judicial pone en duda el alcance de la participación ciudadana en el debate por la reforma. De más de 100 mil inscriptos, solo un número reducido fue habilitado, lo que generó reclamos y presentaciones legales.

El debate por la reforma de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que se limitara la participación en las audiencias públicas a apenas 400 personas, pese a que más de 100 mil se habían registrado con intención de exponer.

Frente a esta decisión, la organización Greenpeace presentó una medida cautelar para exigir que se garantice la intervención oral de todos los anotados, cuestionando que se reemplace la voz directa por mecanismos alternativos como escritos o videos.

El planteo quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº7, que deberá resolver si amplía las condiciones de participación en las jornadas previstas en la Cámara de Diputados. Desde la ONG también solicitaron la presencia de veedores judiciales que controlen la transparencia del proceso.

Mientras tanto, desde sectores del oficialismo respaldaron el esquema actual, al considerar que cumple con los estándares de acceso a la información y participación establecidos por acuerdos internacionales en materia ambiental. Incluso, defendieron la legitimidad del proceso al destacar que existen múltiples vías para que la ciudadanía haga llegar su postura.

La reforma en discusión introduce cambios sobre la normativa vigente, incluyendo nuevas facultades para las autoridades locales en la determinación de áreas estratégicas y posibles modificaciones en el inventario nacional de glaciares, lo que incrementó la preocupación de sectores ambientalistas.