LA JUSTICIA ANULÓ EL PROTOCOLO ANTIPIQUETES Y REAVIVÓ EL DEBATE SOBRE EL DERECHO A LA PROTESTA

La decisión fue adoptada por el juez contencioso administrativo federal Martín Cormick, quien consideró que la norma —formalizada mediante una resolución del Ministerio de Seguridad— carecía de sustento legal suficiente y vulneraba principios constitucionales básicos, como la división de poderes y la reserva de ley del Congreso.

El protocolo había sido implementado a fines de 2023 con el objetivo de impedir cortes de calles y rutas, habilitando la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones que afectaran la libre circulación. Desde su entrada en vigencia, el Gobierno lo defendió como una herramienta clave para garantizar el orden público, mientras que organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos lo cuestionaron por entender que criminalizaba la protesta social y ampliaba de manera indebida las facultades policiales.

En su resolución, el juez sostuvo que el Poder Ejecutivo se excedió en sus atribuciones ya que una simple resolución ministerial no puede regular de manera tan directa derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y manifestación. Según el fallo, ese tipo de limitaciones solo pueden establecerse mediante una ley sancionada por el Congreso, con el correspondiente debate democrático. En ese sentido, la Justicia concluyó que el protocolo no solo era ilegítimo en su forma, sino también incompatible con el marco constitucional vigente.

La causa fue impulsada a través de una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), acompañado por sindicatos y organizaciones sociales, que celebraron la decisión como un precedente relevante en defensa del derecho a la protesta. Para estos sectores, la anulación del protocolo establece límites claros a la actuación estatal y evita que la seguridad pública se utilice como argumento para restringir derechos.

El Gobierno nacional, por su parte, anunció que apelará el fallo. Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que el protocolo permitió reducir los cortes y garantizar la circulación en zonas clave, y advirtieron que sin esa herramienta se pone en riesgo el orden y la convivencia social. Funcionarios y referentes oficialistas cuestionaron duramente la decisión judicial y reafirmaron su postura de “tolerancia cero” frente a los piquetes.