Inseguridad, entre mártires y justicieros

La polémica vuelve a tener vigencia constante luego del asalto sufrido por un vecino de Barrio Fisherton, que persiguió a dos motochorros y los arrolló a seis cuadras provocando la muerte de ambos. Hubo marcha por el pedido de liberación, pero el juez determinó 60 días de prisión preventiva.

Por Carlos Bava

"Al que no le toca no sabe lo que se siente", me expresó un comerciante en una nota hace varios años atrás, en un caso que tuvo resonancia en ese momento. Cansado de ser robado, incluso por los mismos ladrones, salió a la vereda y mató a uno de los malvivientes que segundos antes le había sacado la recaudación a punta de pistola. La justicia encontró culpable al comerciante por homicidio simple, y cumplió varios años en prisión. 

Alrededor del año 2000 fuimos a elaborar un informe en Barrio Ayolas, ahí "Tochi" había asado un gato en 1996, y fuimos noticia fuera de las fronteras del país. Pero surgió otro disparador, bajo el puente había un comedor que alimentaba muchas bocas, ese día niños y adolescentes se acercaron a la cámara y nos relataban los nombres de los pibes "héroes" que robando cereal morían bajo las ruedas de los comiones al ingreso o salida del puerto. 

Hay sectores vulnerables y vulnerados por mucho tiempo, familias que no quieren esa vida delictiva para sus hijos. Y familias que se levantan diariamente con el temor de ser víctimas de un robo que pueda terminar en tragedia. "Los pibes no tienen códigos, salen enfierrados y matan", me dijo un trabajador social de zona oeste. Las estadísticas marcan una escalada violenta con armas de fuego en los últimos años. 

Así podríamos contar cientos de sucesos en el territorio provincial y nacional, donde las víctimas se terminan transformando en victimarios por el ojo de una justicia que condena al que mata sin considerar lo móviles que lo llevaron a tomar ese impulso que nace de muchos reclamos que con anterioridad fueron realizados. Sin respuestas de los gobiernos que no le han podido encontrar la vuelta a la situación de desmadre que se vive, por ejemplo, hoy en Rosario. 

En muchos barrios se optó por la seguridad privada, la cuota a particulares para que custodien el ingreso nocturno a un domicilio, alarmas domiciliarias, alarmas comunitarias, rondines, y garitas con adicionales policiales para los más pudientes. Cierto que en todos los casos son recursos extras que vecinos deben realizar para poder preservar la vida, en primer lugar, y sus bienes personales.

"Las promesas de ponerle fin a la inseguridad y el narcotráfico están en cada campaña electoral, pero cuando asumen el gobierno lejos están de dar soluciones, incluso ni nos atienden" manifiestan desde la asociación que nuclea a las víctimas de inseguridad. En la práctica podemos ir a los artículos publicados y leeremos a los candidatos usando eslóganes que prometen ponerle fin a los delitos trayendo paz, pero los números de muertes por robos y enfrentamientos hoy son escandalosos. 

Según una encuesta publicada por la consultora Doxa Data, arroja como resultado que al 66.1% de a los Rosarinos le preocupa la inseguridad, muy atrás vienen los otros temas. Y ese reclamo viene atado a la caída en la imagen del gobernador, Omar Perotti, que pasó de una aprobación de 66.3% en abril del 2020 a un 44.8% en marzo del 2021. falta de seguridad sin dudas es la preocupación máxima de los santafesinos que en 2019 se lo hicieron saber al Frente Progresista que perdió la provincia y retuvo por poco varias gestiones locales. 

En el camino, en los últimos años pasaron y llegaron varios gurúes que ofrecieron soluciones para terminar con esta realidad que mezcla la marginalidad que vive un gran porcentaje de rosarinos, el consumo de drogas y la falta de presencia de los estados en el territorio. El caso más relevante es el del ex ministro Marcelo Saín, de asesor del gobierno anterior desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), a encabezar una de las peores gestiones que derivó en el despido/renuncia. 

Ayer hubo una marcha que se puede considerar multitudinaria para el tipo de reclamo, “Liberen a Diego” rezaban las pancartas. Los vecinos y vecinas cansados pidieron la liberación del joven que persiguió por seis cuadras a los delincuentes de su edad que huían y lo tiroteaban en dos motos luego de asaltarlo. La reacción de un barrio maduró en una ciudad que empezó a experimentar una profunda grieta entre los que tienen y los que no. 

Pero la inseguridad no se puede analizar disociada de la pobreza, en una ciudad donde el 50% de la población es pobre. Claro está que esto no justifica los robos predatorios, entraderas o arrebatos, pero sí responde a faltas de políticas que durante mucho tiempo se han profundizado, con mala o nula asistencia en materia económica o social. 

Desde aquel comerciante de zona sur que en los 90 pagó con años de cárcel hacer justicia por mano propia al apoyo que recibe Diego hoy, hubo un proceso de hartazgo que se fue gestando y le explotó en las manos a los gobernantes hace rato. Esto no es nuevo y ya hubo cruces entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, por la falta de leyes y liviandad de las condenas.

Tal vez, el gobernador Perotti tenga herramientas y la sapiencia de la vice, Alejandra Rodenas, en el entramado jurídico de Santa Fe, incluso la capacidad para aunar recursos y estrategias comunes entre los tres poderes. Pero la seguridad debe ser un eje de estado con todas las fuerzas políticas que elaboren una planificación común que trascienda los gobiernos y las administraciones en la provincia.