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Soldini. Inspector despedido no podrá ejercer cargo público el resto de su vida

"Pedimos disculpas a todas las compañeras por lo que han pasado. Todos los trabajadores municipales y comunales no somos iguales", indicaron desde el gremio.

En la mañana de éste martes se realizó una conferencia de prensa presidida por el presidente comunal, Alejandro Luciani; el secretario general de APEMPE, Valentín Lucci; y la abogada, Patricia Carreras. «Es una situación bastante incómoda para nosotros, es un hecho lamentable que hemos vivido en el mes de septiembre», comenzó diciendo Luciani.

«Empezamos una serie de averiguaciones, muchos se preguntan por qué ahora y es porque la semana pasada terminamos el sumario administrativo con una resolución de la comisión comunal y el veredicto de la sanción aplicada a esta persona», sintetizó.

El 30 de agosto el Juzgado de Faltas notifica que una empleada de la comuna había encontrado una cámara debajo del baño. «Hicimos la denuncia policial, nos acercamos al lugar y empezamos a hacer un sumario de investigación con entrevistas a todo el personal que entraba al juzgado, pero nadie sabia de donde provenía ni que había pasado. Solicitamos la intervención de todas las computadoras del lugar», relató el Jefe Comunal.

Vecinos de Soldini piden justicia por violarse su intimidad 

Según los relatos de dos empleadas, habían visto algo en el piso pero no se sabía que era. «Era muy sospechoso, miramos las cámaras del predio y exactamente a las 13.15 del 26 de agosto, entra el inspector Cipollone sin permiso por 40 segundos y sale», manifestó Luciani, y agregó: «Cuando le consultamos dijo que había retirado el cargador de un celular».

Sin escrúpulos, así operaba el inspector despedido. 

 

Como informamos en una nota anterior, el perito informático secuestra los discos duros de las computadoras el martes 10 de septiembre con la firma de Cippollone que daba conformidad. «Comienza a llamarme, no atendí y llamó al vice presidente comunal quien me comunica que el inspector se quiere reunir urgente con nosotros. Le dije que venga el día posterior a reunirse con la secretaria y el abogado del sumario», continuó indicando en la conferencia.

«Ante los gravísimos hechos relatados, la comuna solicitó el apoyo de un equipo de profesionales tanto peritos informáticos forenses como abogados que en todo momento analizamos la situación. En una primera instancia se presentó en la comisaría y luego se elevaron a la fiscalia interviniente aportando las pruebas que recolectamos», indico la Dr. Patricia Carreras.

«La cuestión penal quedó en un momento archivada por cuanto la fiscal interviniente consideró que estos hechos no encuadraban en una figura tipificada en nuestro código penal. Lo cual no significa que no configurara un hecho absolutamente reprochable desde el punto de vista moral y una intrusión a la intimidad que no se puede sostener. También consideró que había sobradas pruebas de los hechos denunciados y de quien es el responsable», indicó la letrada.

«Advertido no solo de la posibilidad de responsabilidad penal que podría derivar como consecuencia de los hechos relatados, sino también la mayoría de los vídeos involucraban a ciertas víctimas en particular. Nos llevó a la preocupación de no saber cuales podrían ser los siguientes pasos a seguir e hicimos en el marco de la ley 26.485 la denuncia por violencia de género ante la sede civil. Cabe aclarar que gran parte de los vídeos recolectados, son de fecha muy anterior al momento de la denuncia y al argumento del señor de haber sido intimidado».

«Pedimos disculpas a todas las compañeras por lo que han pasado. Todos los trabajadores municipales y comunales no somos iguales, siempre hay estas mentes enfermas que se aprovechan de su poder. Repudiamos el hecho, y queremos decir que los primeros 90 días de suspensión fueron provisorios porque estábamos esperando que la justicia nos de la razón y esta persona no pueda ocupar un cargo público por el resto de su vida», manifestó Valentin Lucci, Secretario Gremial de APEMPE.

«Lo hacemos con dolor porque cada uno de los que estamos acá, fuimos hijos somos papás y a ninguno le gustaría que nuestros afectos pasen por esto. Creo que esto es muy leve, la justicia debería aplicar algo más severo cuando estas personas están dando vueltas por nuestras ciudades y localidades. Agradezco al jefe comunal por su valentía porque muchos prefieren ocultarlo y no sacarlo a la luz», finalizó el representante sindical.

Valentín Lucci Secretario General de APEMPE junto al presidente comunal de Soldini.

Crónica de los hechos. «Ese mismo día, alrededor de las 20.30 me golpean la puerta de mi casa y era el Inspector Cipollone. Se larga a llorar y me dice que el había puesto la cámara por una supuesta amenaza de muerte. Fue muy sospechoso pero lo entendimos y nos pusimos a disposición para hacer la denuncia correspondiente. Al día siguiente, se reúne con Mauricio Ramos y Leonardo Marconcini donde aduce la misma historia y la declara en el sumario administrativo».

«La amenaza se cae porque nunca pudo comprobarla. En esos días procedimos a la suspensión del señor Cipollone. Avisamos al sindicato de Apempe que se iba a suspender por 90 días sin goce de sueldo y hasta que se termine la investigación administrativa. Del peritaje de la computadora, salen 13 dvd con 65 gb de vídeos y fotos de todo tipo. Se recopiló y envió a la fiscalía».

La resolución. Después de un largo tiempo, se le dieron los derechos a defensa y la semana pasada, se procedió a la exoneración del inspector que no podrá trabajar más en ningún lugar público. Nos parece una medida ejemplificadora porque pensamos que lo puede hacer en cualquier otro lugar.

«Solicitamos a las personas que han dicho barbaridades sobre la comisión comunal, si pueden retractarse porque no nos merecemos esto».

Cippollone Complicado. «La cámara se descubre en agosto de 2019 y hay vídeos que datan desde noviembre de 2018. El juez de distrito y la décima nominación de Rosario entienden que estos hechos configuran violencia de género destacando que no sólo es la intervención física sino también cualquier tipo de ataque moral, psicológico o económico que comprometa la dignidad de la mujer».

Con estos fundamentos. el juez resuelve ordenar a este señor una medida de protección personal de las víctimas de prohibición de acercamiento y deceso de hostigamiento. «Vamos a continuar con las investigaciones, enviaremos a Buenos Aires a peritar un disco rígido para ver si se compartieron los vídeos porque si bien la causa está archivada desde el punto de vista penal, nuevas pruebas podrían re abrirla», concluyó la abogada.

La abogada, Patricia Carreras no descartó que se reabra la cauda penal.

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