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Denunciados por violencia de género no podrán conducir servicios públicos

La restricción contempla el transporte y ejercicio en todas las dependencias municipales.

Con el objetivo de profundizar sus políticas de género el municipio de Rosario comenzó a exigir a los conductores de servicios públicos la justificación que permita comprobar que no estén condenados ni posean causas penales abiertas por violencia contra las mujeres.

Se trata de un requisito imprescindible que se extiende para los ingresantes a la planta de empleados municipales y para los beneficiarios de contratos de locación de servicios, honorarios, retribución a terceros o convenios de pasantías con el estado municipal.

Los choferes tienen la obligación de presentar una declaración jurada, la cual garantice que no tenga causas abiertas o condenas por violencia hacia mujeres. La certificación acompaña la realización de cualquier trámite relacionado con el servicio, y está en vigencia desde fines de 2019.

Si bien se trata de un requisito más, desde el área de movilidad del municipio destacaron la importancia de no tener antecedentes relacionados con violencia de género, un tema que atraviesa todas las políticas que llevan adelante, no sólo en materia de movilidad sino de todo el municipio.

El transporte público es un servicio regulado y, por lo tanto, está alcanzado por las políticas que se llevan adelante con el fin de garantizar igualdad de derechos para varones y mujeres.

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