VICENTIN REACTIVARÁ SU PLANTA DE SAN LORENZO TRAS ACUERDO IMPULSADO POR LA INTERVENCIÓN JUDICIAL
- Publicado, viernes, 09 de mayo de 2025 --
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La medida trae alivio a los cerca de mil trabajadores de la empresa, que venían cobrando sueldos en cuotas y con incertidumbre sobre su futuro laboral.
El Ministerio de Trabajo de Santa Fe confirmó este jueves que la intervención judicial de Vicentin logró un acuerdo con ocho compañías del sector agroexportador para reactivar la planta procesadora de San Lorenzo, paralizada desde marzo por falta de materia prima.
A partir de los próximos días, más de 500 mil toneladas de soja comenzarán a ingresar mensualmente para ser procesadas bajo la modalidad de servicio a fasón, con contratos vigentes por seis meses. De ese total, se molerán entre 350 mil y 380 mil toneladas por mes, lo que permitirá recuperar parte significativa de la actividad industrial.
El acuerdo fue firmado con Viterra, Bunge, ACA, Molinos Agro, Unión Agrícola Avellaneda, Grassi, Cargill y Dreyfus, y representa un fuerte respaldo al proceso de intervención, que desplazó al antiguo directorio de Vicentin en medio de acusaciones por desmanejo y desvío de fondos.
La medida trae alivio a los cerca de mil trabajadores de la empresa, que venían cobrando sueldos en cuotas y con incertidumbre sobre su futuro laboral. El nuevo esquema no solo garantiza materia prima y continuidad operativa, sino que también refleja una recuperación de la confianza del sector agroindustrial en el proceso concursal, tras la intervención dispuesta por la Justicia.
Desde el gobierno provincial destacaron que la intervención generó “condiciones de seguridad jurídica” que facilitaron el cierre de nuevos contratos, incluso con empresas que antes se mantenían al margen, como Cargill y Dreyfus. En paralelo, firmas que ya venían trabajando con la compañía, como ACA, Bunge y Viterra, reafirmaron su compromiso, al considerar clave evitar la caída de una unidad productiva estratégica y avanzar hacia un cram down con paz social y operatividad.
En contraste, durante la gestión del antiguo directorio –removido por la Justicia– no solo se perdió la confianza de los potenciales socios comerciales, sino que se detectaron severas irregularidades. La Fiscalía investiga el desvío de más de $6.000 millones para fines personales y la adjudicación de $2.000 millones en acuerdos de desvinculación para los propios directivos. Además, un reciente informe judicial reveló que familiares y accionistas cobraban sueldos sin prestar funciones reales, situación que fue calificada como “estructura de ñoquis”.
El freno en la actividad se profundizó a fines de febrero, cuando vencieron los contratos de fason con ACA, Bunge y Viterra. Ante la falta de renovación, el directorio amenazó con cerrar las plantas, lo que finalmente ocurrió. Sin embargo, la reciente ola de ofertas evidenció que el problema no era la ausencia de granos en el mercado, sino la falta de confianza en la administración de Vicentin.
