DIPUTADA DEL PRO PRESENTÓ UN PROYECTO PARA EVITAR EL BLOQUEO A EMPRESAS

Esta iniciativa, presentada por Verónica Razzini, busca imponer penas de prisión de cumplimiento efectivo y despido con justa causa para quienes obstaculicen el libre acceso a comercios o industrias.

Razzini, conocida por su defensa de las pequeñas y medianas empresas (PyMES), pretende modificar el Capítulo IV de Delitos contra la libertad de trabajo y asociación en el Código Penal. La legisladora sostiene que, aunque el derecho a la protesta es legítimo, la extorsión y el bloqueo sindical deben ser considerados delitos. "Esto no va más", afirmó, refiriéndose a la frecuencia con la que estas tácticas se han convertido en modus operandi en los últimos años.

La empresaria es fundadora del Movimiento Empresarial Antibloqueo (MEAB), una asociación civil que asesora a empresas afectadas por bloqueos sindicales extorsivos. Con el apoyo del MEAB, que colaboró en la elaboración del proyecto, se busca crear la figura legal del "bloqueo a empresas", tanto en su forma directa como indirecta. Esta iniciativa se incorporará al Código Penal, protegiendo jurídicamente la libertad de trabajo y asociación.

El Bloqueo Directo, según Razzini, se define como cualquier acción que impida, estorbe o entorpezca el acceso a un comercio, industria o establecimiento con el objetivo de obtener un beneficio o causar un perjuicio. La pena se agravará si el bloqueo afecta a múltiples establecimientos. Por otro lado, el Bloqueo Indirecto se refiere a la coacción a clientes o proveedores de una empresa, amenazándolos con bloqueos si continúan trabajando con dicha empresa.

El proyecto de ley establece una pena máxima de tres años y seis meses de prisión para ambos tipos de bloqueo, permitiendo al juez dictar penas de prisión efectiva. Además, se considera justa causa para el despido laboral la participación en cualquier forma de bloqueo.

Razzini enfatiza que esta iniciativa garantiza el derecho de asamblea sin afectar las actividades normales de la empresa. También declara ciertos servicios como esenciales o de importancia trascendental, asegurando que no puedan verse afectados por conflictos colectivos. En estos casos, se garantiza una prestación mínima del 75% para servicios esenciales y del 50% para los de importancia trascendental. Entre estos servicios se incluyen los sanitarios y hospitalarios, transporte y distribución de medicamentos, producción y transporte de agua potable y combustibles, telecomunicaciones, educación, radio y televisión, servicios bancarios y financieros, así como comercios, gastronomía y turismo, entre otros.

Para concluir, Razzini subrayó que el bloqueo a empresas, especialmente a las PyMES, se ha vuelto una práctica común por parte de algunos sindicatos, causando daños tanto a trabajadores como a empresarios. "Debemos poner fin a estas prácticas extorsivas que perjudican a toda la comunidad, desincentivando la inversión y el empleo", concluyó.



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