Inquilinazo: se realizó una movilización en reclamo por el cumplimiento de la Ley Alquileres

Los arrendatarios rosarinos solicitan que se respete la normativa nacional que regula los contratos y además que se establezca un control de precios. Asimismo, exigen políticas para contribuir al desendeudamiento de inquilinos con deudas acumuladas en pandemia.

En representación de cientos de miles, un grupo de rosarinos se congregó en la Plaza de la Cooperación en pos de visibilizar una solicitud realizada al gobierno nacional y provincial. Sintetizando el reclamo, exigen: el desendeudamiento de arrendatarios; control de precios; extensión del DNU 320/20, 766/20 y 66/21; y el cumplimiento de la Ley Nacional de Alquileres. El pedido se basa en el difícil momento que atraviesan los inquilinos debido a las deudas acumuladas, el alto índice de órdenes de desalojo y la visión alejada de la realidad económica, respecto a renovaciones locatarias.

El estado nacional está preparando una batería de medidas para contener a los desalojados luego de la disolución de contratos y Ariel D’Orazio, expuso en Buena Jornada: «Hace falta que en Rosario las mediaciones sean gratuitas, no hay una mirada de lo que sucede en el interior. Los convenios de cooperación con las provincias no están formulados ni firmados y no hay certeza de la política del gobierno para desendeudar a los inquilinos o permitir que el locador cobre la deuda que se origina en inmuebles. La medida es algo incompleto e intangible».

El miembro de la Consejería Popular manifestó que el ejecutivo nacional debe sumar un control de precios puesto que notan incrementos de entre el 60% y 100% para renovar un vínculo contractual; así como también, se registran casos de arrendadores que sólo hacen contratos de un año, plazo inferior al mínimo impuesto legalmente.

Relativo a los comercios, el coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor, precisó que «la situación es cada vez peor y no prima la racionalidad a la hora de poner los valores, la crisis se muestra efectivamente en el territorio rosarino», afirmó. «Vemos una realidad cercana o parecida a la del 2001. Se evidencia que el estado debe estar presente y garantizar los derechos porque hay más de 7 mil locales desocupados. La voracidad avanza y ataca la actividad comercial», finalizó D’Orazio.



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