EL GOBIERNO PROMULGÓ EL PRESUPUESTO 2026 Y LA LEY DE INOCENCIA FISCAL

El Gobierno nacional promulgó el Presupuesto General de la Nación 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, dos normas centrales para la estrategia económica del oficialismo, que quedaron formalmente en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial en los primeros días de enero.

El Presupuesto 2026 fija las pautas de ingresos y gastos del Estado nacional para el próximo año y representa la primera ley de presupuesto aprobada durante la gestión del presidente Javier Milei. El texto proyecta un escenario de crecimiento económico del 5%, una inflación anual en torno al 10% y un tipo de cambio oficial cercano a los 1.400 pesos hacia fines de 2026. Además, establece un esquema de equilibrio fiscal con superávit primario y financiero, uno de los principales objetivos del programa económico del Gobierno.

En cuanto al gasto público, la norma contempla partidas para jubilaciones, salud, educación y universidades nacionales, aunque introduce modificaciones y recortes en diversos programas y fondos específicos, lo que generó cuestionamientos de sectores opositores y de la comunidad académica y científica. Desde el oficialismo sostienen que el presupuesto otorga previsibilidad macroeconómica y refuerza la disciplina fiscal, mientras que sus críticos advierten sobre el impacto en áreas sensibles y en las provincias.

Junto con el presupuesto, el Ejecutivo promulgó la Ley de Inocencia Fiscal, una reforma que introduce cambios sustanciales en el Régimen Penal Tributario y en la Ley de Procedimientos Fiscales. La iniciativa eleva los montos mínimos a partir de los cuales la evasión pasa a ser considerada delito penal, redefine plazos y criterios de persecución judicial y apunta a reducir la criminalización de infracciones tributarias de menor escala.

Según el Gobierno, la ley busca fortalecer la seguridad jurídica de los contribuyentes y fomentar la regularización voluntaria de capitales, incluyendo ahorros que se encontraban fuera del sistema financiero formal. Desde la oposición, en cambio, se cuestiona que la norma pueda beneficiar a grandes evasores y debilitar la capacidad del Estado para combatir el fraude fiscal.