MÁS PENAS Y MENOS BENEFICIOS: ASÍ ES LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL QUE INGRESÓ AL CONGRESO

El Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación el proyecto de reforma integral del Código Penal, una iniciativa que el Gobierno considera histórica y que busca modernizar un sistema normativo con más de un siglo de antigüedad.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación el proyecto de reforma integral del Código Penal, una iniciativa que el Gobierno considera histórica y que busca modernizar un sistema normativo con más de un siglo de antigüedad.

La reforma introduce un endurecimiento significativo de las penas mínimas y establece un esquema que apunta a garantizar prisión efectiva en la mayoría de los delitos graves, con el objetivo declarado de poner fin a la llamada “puerta giratoria” y reforzar la respuesta del Estado frente al avance del crimen organizado, la violencia urbana y los delitos contra la integridad sexual.

Entre los cambios centrales, el proyecto eleva los mínimos de condena en delitos como homicidio, robo agravado, narcotráfico, trata de personas y corrupción. Según el Gobierno, esta modificación permitirá que penas inferiores a los tres años ya no puedan ser excarceladas automáticamente, un mecanismo que actualmente suele beneficiar a condenados sin antecedentes o con delitos cuya escala penal resulta baja. El Ministerio de Seguridad sostuvo que la reforma permitirá que aproximadamente el 82% de los delitos contemplen prisión efectiva, lo que representa un giro profundo respecto del esquema vigente.

Otro punto clave es la imprescriptibilidad de los delitos catalogados como “gravísimos”, entre ellos homicidios agravados y abusos sexuales, lo que habilitará al Estado a perseguir penalmente estos hechos sin límite temporal. Además, las penas de prisión perpetua dejarían de tener un tope temporal y, en determinados casos, se convertirán en condenas de cumplimiento real durante toda la vida. El texto también incorpora agravantes para delitos que involucren violencia extrema, participación de organizaciones criminales o utilización de armas de fuego.

La reforma incluye capítulos específicos sobre delitos emergentes, como ciberdelitos, lavado de activos y delitos ambientales, además de reforzar las penas vinculadas a explotación sexual, pornografía infantil y violencia contra niños, niñas y adolescentes. También prevé penas más duras para hechos de corrupción cometidos por funcionarios públicos y propone una actualización de las escalas para homicidio simple, cuya pena máxima pasaría de 25 a 30 años.